martes, abril 08, 2014

La ley democrática es sagrada

No he tenido la tentación  de asomarme al debate en el Congreso. Yo con España tomo mis distancias, la he de soportar, cuanto más esquinado yo, tangencial ella, mejor. En realidad son los hispanos a los que no aguanto, salvo en cuestiones menores y de trámite, en bares,  no cuando se ponen serios, grandilocuentes, creativos y arregla mundos. La única España soportable es la de la pandereta ¡quién me lo iba a  decir!
 Soy uno más de los que tienen la firme convicción de que España no tiene remedio, porque no es normal ni homologable debatir en el Parlamento  a cuenta de la existencia misma  de la ley suprema, pasando a  irrelevante anunciar en Cortes su incumplimiento, unos  y apartar su cumplimiento, otros.
Las  leyes y su  vinculación, aún mayor,  a quienes les  han dado el protagonismo no se discute, se discutirá su revisión o derogación, pero no la vigencia y aplicación. Que parlamentos autónomos se rebelen contra las leyes sobre las que descansan, y enfaticen que no van a cumplirlas de igual forma que no acatan las sentencias judiciales no ocurre en ningún lugar civilizado.
En donde mayor se detecta la puerilidad hispana, que considero el lastre nuclear, es en la idea de legitimidad. La legitimidad para todo, es como la del niño pequeño que no admite límites en sus conveniencias y apetencias, y que los transforma  en “derechos”.  No es otro el origen de las titularidades indiscutibles de los interesados. Es una cosa sorprendente. Nadie parece consciente de su excepcionalidad, arbitrariedad, unilateralidad.
Estábamos equivocados cuando marxistas  atribuíamos los males de España la ausencia de una revolución burguesa e industrial- que además se vio que con sus límites se había dado-. El asunto es peor porque lo que  siempre es  endeble y episódico es la idea de contrato social. O sea más atrás, a Hobbes , Rousseau, Locke, a  la idea de acuerdo y compromiso de convivencia, de reglas a respetar y cumplir, es lo que parece siempre ha faltado en Españla de manera honda y definitiva.
El contrato social se encarna  en la constitución, la ley autootorgada, el compromiso de convivencia con sujeción a la ley democrática. No hay convivencia ni regulación de ésta  fuera de la ley. La ley, y será España el único país europeo en  que hay que decirlo,  es sagrada.
No hay que haber leído a Habermas o a Apel para saber que la legitimidad /legalidad es el  binomio que cimenta  una sociedad democrática. No hay legitimidad al margen de la legalidad, y solo hay una fuente de legalidad que es, como dicen los arriba ciados, el consenso intersubjetivo, la única instancia legitimadora, el acuerdo de convivencia, la constitución, la norma sobre la que se va a erigir todo el andamiaje legal
Las legitimidades conforme a su ínsita arbitrariedad pueden ser todas, con una cosa en común, la falta de sujeción  a la norma, por tanto  la ley orillada, despreciada, la insurrección,  la colisión de todas las legitimidades fundamentadas solo en sí mismas y ajenas y despectivas de las demás, es la invitación a todas las colisiones en sus diferentes variantes y previsbles escaladas. Eso es lo que está al otro lado del muro de la ley.
Avergüenza España también cuando saca su vena creativa, inventora e inventa un derecho a decidir que no puede llevar ni a la ONU ni al Parlamento europeo (de qué iban a estar en Las Cortes pudiendo estar NYC) simplemente  porque nunca ha existido, no hay autor, teórico, declaración de derechos, constituciones, códigos legales... que lo recoja. ¿Cómo es que las mentes más preclaras, los documentos más civilizadores, las grandes construcciones legales no hayan reparado en ello? Sin embargo que haya  muchos hispanos que consideran serio y democrático el derecho a decidir, es un problema hondo, antropológico, cultural… ¿por qué será que solo en España se planteen tantas barbaridades e inventos inusitados…? Un presidente español que decía anteayer que España era un concepto  discutible. !Lo decía el propio presidente!
Escocia es el modelo exacto de cumplimiento de la legalidad, de la plena vigencia y sometimiento a los tratados
 

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